1.3 Los desafíos para la estabilidad y el desarrollo económico frente al libre mercado actual ​​

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1.3.A De la industria minera y petrolera a la posible diversificación del sistema productivo

El 18 de marzo de 1938, el gobierno de Lázaro Cárdenas decretó la expropiación petrolera que condujo a la nacionalización del petróleo y la fundación de la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX) como único órgano operador de hidrocarburos en el país. PEMEX se convirtió en una de las empresas estratégicas del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, sustentado en una política proteccionista que mantuvo aislada la economía nacional de la competencia internacional. El sostenimiento de los bajos precios de insumos energéticos fue una de las medidas que sostuvo el Estado mexicano para lograr los objetivos de dicho modelo.

 

La importancia del petróleo fue tal que a mediados de los setenta del siglo pasado la economía del país comenzó a sostenerse en la extracción y venta del petróleo (petrolización), reorientándose la inversión pública hacia el sector energético. Así, el presupuesto y los gastos públicos se articularon alrededor de los ingresos derivados del petróleo en tanto que aumentaron las exportaciones petroleras de modo que en 1981 era el cuarto productor mundial de este energético. No obstante, este sector productivo tenía síntomas de rezago y de dependencia respecto al exterior y había tenido incluso que importar petróleo entre 1971 y 1973, pues se había dado prioridad a problemas de corto plazo (abasto de petróleo a la industria interna, por ejemplo) en tanto que las actividades de exploración y refinación se habían descuidado entre 1938 y 1970. Este hecho contradictorio de origen, y la mono exportación en que incurrió el país, contenían al mismo tiempo la vulnerabilidad de la industria petrolera en el mercado nacional y mundial, como se hizo evidente en el ascenso creciente de los gastos públicos en PEMEX (del 6% en 1970 a 38% en 1982), el rápido crecimiento de las importaciones por la falta de dinamismo de las exportaciones no petroleras, y los efectos producidos por el vaivén de la demanda de energéticos y de los precios del petróleo en el mercado mundial, entre otros aspectos.

 

En los últimos años, una de las soluciones del Estado mexicano a los efectos negativos de la industria del petróleo ha sido el de su privatización, promovida sin éxito desde el sexenio de Vicente Fox, en un esquema propio del neoliberalismo, el que comenzó a implementarse a inicios de los ochenta con el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Finalmente, la actual presidencia de Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2013, aprobó la que hasta la fecha ha sido la reforma energética considerada como la más significativa, pues ha dado fin al monopolio de PEMEX en el sector de hidrocarburos para dar paso a la inversión extranjera, por lo que se abre un nuevo momento histórico en la producción de petróleo, cuyas perspectivas y prospectiva se están realizando desde los ámbitos del Estado, de los académicos expertos en el tema y de los partidos políticos, entre otros más.

 

“Mientras que antes sólo existían contratos por servicios, en los que las compañías eran pagadas por los mismos y no podían contar con parte o ingresos derivados de los hidrocarburos producidos, la nueva reforma permite nuevos modelos de contratación: licencias, producción compartida y ganancias compartidas. En el nuevo esquema presentado, Pemex se mantiene como propiedad del Estado; sin embargo, se le da más autonomía en la parte presupuestaria y administrativa, y a su vez, se vuelve un competidor más por los nuevos proyectos. Asimismo, se abre la inversión privada en el sector eléctrico, por lo que las empresas estarán en posibilidades de generar y suministrar este tipo de energía y competir con Comisión Federal de Electricidad.”

Victoria Ruiz Rincón (enero de 2015). Los pros y los contras de la reforma energética de acuerdo con el paradigma del desarrollo sustentable. Revista Digital Universitaria, (16), 1. México: UNAM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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1.3.B La falta de integración y desarrollo del sistema productivo (industrial, agropecuario y de servicios) y la inseguridad alimentaria

La alimentación es una necesidad fisiológica necesaria y es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como uno de los derechos fundamentales del ser humano; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce, por su parte, que garantizará el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad (artículo 4º.).

 

La seguridad alimentaria existe cuando en todo momento tenemos acceso físico, social y económico a alimentos suficientes para satisfacer necesidades energéticas, preferencias alimentarias y una dieta equilibrada para protegernos de enfermedades y desarrollar nuestras capacidades físicas e intelectuales.

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Para que en el país haya seguridad alimentaria se requiere al menos suficiente producción de maíz, frijol, trigo, arroz, soya; carne de aves, cerdos y bovinos; huevo y leche, pues forman parte de los principales alimentos que consumimos en el país. Lamentablemente, en los últimos años México ha tenido que importar esos alimentos, y casi la mitad de su población está en situación de insuficiencia alimentaria, lo que lo ubica en el lugar 43 de una lista de 100 países, con un índice de 65.8%. (Ver el Índice Global de Seguridad Alimentaria)

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Para comprender los factores que ponen en riesgo la seguridad alimentaria en México, y su correlación con el ámbito de la producción agropecuaria, hay que tomar en cuenta las condiciones geográficas del territorio nacional; los efectos medioambientales del cambio climático; la degradación del ambiente; la baja productividad  asociada a la falta de capital y tecnología de gran parte de los productores del país; la desventajosa apertura del sector agropecuario al libre comercio; la introducción de productos transgénicos en México; las pérdidas que se producen (31%) en el proceso de cosecha, empaque y comercialización de los productos agropecuarios; la fluctuación de precios en el mercado de alimentos y, el histórico descuido del sector agrícola por parte del Estado mexicano.

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Por otra parte, es necesario contemplar aspectos relacionados con el poder adquisitivo de más de la mitad de la población mexicana que se halla en situación de pobreza, condición vinculada con la desigual distribución de la riqueza; de igual modo habría que tomar en cuenta  las condiciones de violencia e inseguridad que vive el país a causa del crimen organizado, aunado a la corrupción y el autoritarismo. 

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Asimismo, destacan los hábitos de alimentación asociados al consumo de alimentos ricos en calorías, carbohidratos y grasas, pero también al estilo de vida en la ciudad, la proliferación de negocios de comida rápida, que han acarreado problemas de sobre peso, obesidad y desnutrición, que también afectan a la seguridad alimentaria de los mexicanos.

 

Para saber más sobre esta problemática y sus desafíos, e identificar las posibles acciones para su solución, consulta el texto La seguridad alimentaria en México y su problemática en el contexto del desarrollo.

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1.3.C El crecimiento desigual frente a la deuda pública externa y la dependencia tecnológica

El endeudamiento interno y externo del país es una estrategia que el Estado mexicano ha aplicado en épocas de crisis o cuando el crecimiento es limitado, con el propósito de fomentar e impulsar el desarrollo económico. De cierta manera, y en algunos momentos de nuestra historia, le ha permitido hacer frente al estancamiento o desaceleración de la economía y estabilizar los precios y el valor de la moneda nacional. No obstante, esta es una estrategia que acentúa la dependencia con respecto al exterior y los riesgos financieros en el país, así como el desvío de recursos para el pago de intereses, el recorte de gastos públicos y un bajo o nulo crecimiento interno.

 

Actualmente, más del 90% de la deuda externa es de largo plazo y más del 80% está en dólares estadunidenses.  Al cierre de abril de 2017, la suma de la deuda interna y externa (Deuda Bruta) era de 9 billones 243.9 mil millones de pesos.  En diciembre de 2015 fue de 8 billones 430 mil 561 millones de pesos, cantidad mayor en un billón 207 mil 683.2 millones de pesos a la deuda total del año 2014. En 1995, a unos años de inicios de la implementación del neoliberalismo, la deuda era de 837 mil 213.7 millones de pesos. Estas cifras indican, en términos generales, la tendencia del endeudamiento del país en el marco del neoliberalismo y el reto que tiene el país en asuntos de finanzas.

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El problema del endeudamiento es histórico y sus primeras raíces se remontan al momento mismo en que se independiza el país, cuando Agustín e Iturbide reconoció los adeudos contraídos por el gobierno virreinal y contrató además los primeros empréstitos, necesarios para cubrir los gastos de ese entonces, hacer frente al déficit existente y conseguir recursos financieros para el nuevo país. Desde entonces, se ha convertido en una de las condiciones que dan razón de la dependencia económica del país.

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